Parece claro para todos, que aquellos que pueden ser objeto de un procedimiento sancionador, en especial si la sanción que pudiera imponerse es finalmente la expulsión del territorio español, pueden sentir la tentación –lógica por otra parte- de intentar esconderse y evitar la acción de las autoridades.

 

Por eso se regula el internamiento del extranjero en centros que no tienen carácter de penitenciarios (no son cárceles) como medida cautelar, esto es, como medida encaminada a asegurar la eficacia de la decisión que finalmente pudiera dictarse.

 

Es este internamiento una medida de carácter “judicial” que, además, procede en todo caso en el que se deba exceder el límite de setenta y dos horas establecido para toda detención.

 

Los casos que pueden dar lugar al internamiento son:

 

-                          Estar detenido por encontrarse incurso en alguno de los supuestos de expulsión previstos la Ley.

-                          Que se haya dictado resolución de retorno y no pueda ejecutarse dentro del plazo de setenta y dos horas.

-                          Que se haya dictado acuerdo de devolución y tampoco pueda ejecutarse dentro del plazo de setenta y dos horas.

-                          Que se haya dictado resolución de expulsión y el extranjero no abandone el territorio nacional en el plazo que se le haya concedido para ello.

 

 

El internamiento es, según acabamos de decir, una medida judicial. Ciertamente se acuerda previa solicitud del órgano administrativo, pero eso no obsta a que sea el Juez –libremente- el que la adopta. 

 

Los competentes son los Jueces de Instrucción. Estos son jueces penales pero la medida no es (ya lo hemos indicado) penal.

 

El Juez de Instrucción tiene que controlar, por otra parte, la situación del extranjero internado en tales centros a lo largo de toda su estancia. El artículo 60.3 de la Ley dice que: ... «el extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición de la autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de los extranjeros internados»... Lo mismo establece el art. 153.6 del Reglamento de Extranjería.

 

El máximo actual de duración del internamiento es de cuarenta días. Sin embargo ustedes sabrán que en la actualidad existe una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica reguladora de los derechos de los extranjeros para aumentar, como consecuencia de las indicaciones de la famosa y temida «Directiva de Retorno», el plazo máximo de internamiento. En el momento de redactar estas líneas esa iniciativa se encuentra en fase de informe y, en concreto, ha formulado el suyo el Consejo General del Poder Judicial.